El anuncio del ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, de que la malformación del feto ya no será un
supuesto para poder abortar de manera legal no ha sido recibido de igual
manera por asociaciones de derecho a la vida o discapacitados y las
proabortistas, feministas y de sanitarios.
Para la Asociación de Clínicas de Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI), la restricción al aborto es una "mala noticia" para las mujeres y la sociedad,
y ha advertido de que, tal y como han puesto de manifiesto varias
organizaciones internacionales, aumenta "espectacularmente" el aumento
de la morbilidad y mortabilidad, al hacerse en condiciones clandestinas y
poco seguras.
Según su presidente, Santiago Barambio, este hecho
supondrá que "las mujeres tendrán que volver a salir de España", pues
la restricción al aborto "no disminuye" sino que fomenta "un éxodo
abortivo", "que solo soporta la gente con poder económico".
La
OMS ha calculado que entre 60.000 y 100.000 mujeres fallecen anualmente
en todo el mundo por abortos clandestinos, y que unas 8 millones
ingresan en hospitales a consecuencia de complicaciones tras la
intervención, ha explicado.
También la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp) comparte la misma opinión
que la Asociación de Clínicas y asegura que impedir que una mujer
aborte legalmente por que el feto presente graves malformaciones, como
pretende el Gobierno en la nueva legislación, es obligar a muchas españolas a salir fuera del país para interrumpir su embarazo o, incluso, a hacerlo de forma clandestina en España.
"Este
cambio legislativo crearía un gravísimo problema de salud para muchas
mujeres que tendrían que salir al extranjero para interrumpir sus
embarazos no deseados por graves lesiones fetales o hacerlo de manera
clandestina en el país sin las debidas condiciones sanitarias", ha
afirmado la Fadsp.
La federación entiende que tras esta decisión
está "la ideología conservadora de un Gobierno que pretende satisfacer
las demandas de los grupos religiosos más ultras y radicales".
Se retroce en derechos de las mujeres
Asimismo,
la plataforma proabortista "Nosotras decidimos" de Cataluña se ha
mostrado contraria al cambio anunciado por Gallardón. A su juicio,
supondría "retroceder a los años 70" en los derechos de las mujeres.
La plataforma indica que "como recoge el apartado sobre derechos sexuales y reproductivos de las Naciones Unidas, impedir a una mujer abortar si así lo desea, es una privación de su libertad y una negación del derecho a controlar su propio cuerpo".
Para
la plataforma, "el PP quiere recortar derechos sexuales y reproductivos
que han costado mucho tiempo conseguir y que ya están consolidados y
aceptados por una amplia mayoría de las mujeres y los hombres de este
país, retrocediendo así a los años 70".
También la presidenta de
la Fundación Mujeres, Marisa Soleto, ha considerado que el anuncio hecho
por el ministro de Justicia sobre el aborto, "es una gran tragedia en
relación al derecho a la mujer a decidir".
Soleto ha calificado las palabras de Gallardón de "demagógicas", y ha advertido de que con dicho anuncio se "enciende de nuevo el debate social" sobre el aborto, algo que ha calificado de "peligroso".
Asimismo
Jueces para la Democracia ha criticado el anuncio pues, a su juicio,
supone un "ataque" contra los derechos de las mujeres y un alejamiento
con respecto a los sistemas penales europeos.
"El ministro
Gallardón propone castigar penalmente a las mujeres y a los facultativos
que practiquen interrupciones voluntarias del embarazo en los casos de
malformación del feto. Resulta sorprendente ese empeño casi obsesivo por
criminalizar conductas que fueron despenalizadas hace varios lustros,
sin que ello haya generado problemas, ante la amplia aceptación social
de dicha despenalización", subraya.
Los discapacitados aplauden la medida
Asimsimo
muchas han sido las asociaciones que han aplaudido la reforma de la ley
del aborto. Desde Derecho a vivir (DAV) consideran un "progreso histórico" en la protección de la dignidad humana que la malformación del feto vaya a dejar ser un supuesto para abortar.
En este sentido, aseguran que el fin del aborto "eugenésico" conllevará "salvar así vidas humanas concretas,
vidas de niños y niñas que, de otro modo, serán eliminados por tener
una discapacidad", según interpreta la portavoz de DAV, la doctora Gádor
Joya.
De la misma opinión se ha mostrado el Comité Español de
Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que ha aplaudido la
postura de Gallardón.
"El Cermi viene señalando desde hace años que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es contrario a los derechos humanos,
ya que parte de la premisa de que la vida de las personas con
discapacidad es menos valiosa que la del resto, y por este motivo se le
puede aplicar un trato desigual, que encierra una clara discriminación,
prohibida por las normas internacionales que protegen los derechos de
las personas con discapacidad", indicó la entidad en una nota.
También
la Federación Española de Síndrome de Down (Down España) se ha
felicitado por el anuncio de Gallardón, porque a juicio de esta
organización, supondrá "un gran avance" para España
porque adaptará así su normativa a lo requerido en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
declaró Agustín Matía, gerente de la federación.
Con esta medida,
prosiguió el representante de la entidad, lo que hace el Ejecutivo es
suprimir de la legislación nacional un artículo que colisionaba con la
Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, ratificada por España y
que prohíbe cualquier tipo de discriminación por razón de discapacidad.
La oposición rechaza la reforma
Los
partidos de la oposición han mostrado su rechazo a la reforma de la ley
del aborto porque consideran que no responde a una demanda social y lo
han calificado como algo que solo obedece al "integrismo religioso".
El
secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez,
ha considerado este lunes que con la nueva Ley del Aborto el PP quiere
llevar a España a una época anterior a la Constitución de 1978 y ha apostado por que la gente decida libremente sobre su embarazo.
"Se
recorta el derecho de decidir de las mujeres", ha criticado y ha
considerado que "quieren imponer su ideología de integrismo económico e
integrismo religioso a toda la sociedad".
Por otro lado, el
presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha considerado que la reforma de la
ley de interrupción voluntaria del embarazo "obedece a una ideología del
PP" pero "en absoluto es una demanda mayoritaria de la sociedad" española.
Urkullu cree que este cambio va a suponer "regresar a tiempos
pretéritos del año 85" (en 1985 se despenalizó el aborto en España) y
así "volver a 27 años atrás".
Para el coordinador federal de IU, Cayo Lara, el ministro de Justicia representa al "nacionalcatolicismo español",
una de las señas de identidad de la dictadura franquista, con la
reforma legislativa que está planteando en materia de aborto. "El
derecho a la interrupción voluntaria del embarazo lo tienen las mujeres y
con esa medida Gallardón le da una vuelta de tuerca más para
cargárselo", ha avisado el líder de la izquierda.
El PP apoya la reforma "por convicción"
Por ortro lado, el PP ha explicado que las "convicciones éticas y políticas" del partido le llevan a defender "a ultranza" los derechos de los más débiles y
ha afirmado que la Constitución, las sentencias del Constitucional y
las declaraciones de derechos humanos avalan la reforma de la ley del
aborto.
"Nosotros apostamos por una ley de casos y no por una ley
de plazos; nosotros apostamos por la defensa de los derechos de los más
débiles y, tanto en un caso como en otro, la Constitución, las
sentencias del TC y las declaraciones de derechos humanos están detrás
del PP", ha subrayado el vicesecretario general de Organización del PP,
Carlos Floriano.
A este aval legal, según ha apuntado, se unen
las convicciones éticas y políticas del PP, que le llevan a "la defensa a
ultranza de los derechos de los más débiles siempre".
